Marlaska elude abrir una investigación sobre las denuncias de conductas LGTBIfóbicas de la Policía

El Gobierno y, en particular, el Ministerio del Interior a cargo de Fernando Grande-Marlaska, ha eludido abrir una investigación sobre las conductas LGTBIfóbicas por parte de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así se infiere de la respuesta por escrito que el Ejecutivo ha transmitido a Tesh Sidi, diputada de Sumar, quien preguntó por este "hostigamiento" el pasado mes de febrero en el Congreso. 

La diputada pidió explicaciones sobre "una serie de prácticas policiales abusivas y discriminatorias contra personas del colectivo LGTBIQ+ en Madrid, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el chemsex", de las cuales Público se había hecho eco en exclusiva. Este medio se hizo eco de una serie de testimonios que relataban "diferentes episodios de detenciones arbitrarias, cacheos humillantes e infiltraciones de agentes en espacios que creían seguros bajo el pretexto de poner fin al narcotráfico".

Denuncia que "no son aisladas", tal y como recogía Sumar en su escrito." El Movimiento Marika de Madrid lleva años documentando e investigando estos hechos, "alertando de una actuación policial abusiva basada en estereotipos y perfiles discriminatorios". Ante lo cual Sidi preguntaba "¿Va a abrir el Ministerio del Interior una investigación sobre las denuncias de actuaciones policiales ilegales, como infiltraciones encubiertas, registros sin justificación y manipulaciones en las detenciones, que afectan al colectivo LGTBIQ+ en Madrid?", entre otras cuestiones.

Desde el departamento de Grande-Marlaska han decidido no pronunciarse al respecto. De hecho, insisten en que en los últimos años, "no se tiene constancia de ninguna queja, escrito o denuncia contra policías de esa Comisaría, que hayan vulnerado estos principios en sus actuaciones, sino más bien al contrario, dado que son relativamente frecuentes las reuniones con diferentes asociaciones LGTBIQ+ y vecinos del barrio de Chueca, quienes agradecen la respuesta que cada noche dan las FCSE para la prevención de la delincuencia". Además, añaden, "esa comisaría cuenta con una gran experiencia en la persecución de los delitos de odio, esclareciendo muchos de los que se producen". Se refieren a la Comisaría de Distrito de Centro de Madrid, donde las personas entrevistadas por Público afirmaban haber sufrido situaciones de discriminación.

El documento de respuesta del Ejecutivo tampoco se pronuncia sobre si se tomarán medidas "para garantizar que no se sigan utilizando perfiles discriminatorios en los controles y registros, asegurando que las actuaciones policiales no vulneren derechos fundamentales". O si se revisarán "los umbrales de referencia [que establecen el cuándo la posesión de sustancias psicoactivas pasa a ser considerado tráfico de drogas] y los criterios utilizados por las fuerzas de seguridad para evitar sesgos discriminatorios", sino que se remiten a la jurisprudencia actual establecido por el Tribunal Supremo.

No es la primera vez que Interior es notificado de manera formal de estos testimonios de abusos. El pasado octubre de 2024 un activista estableció contacto con el departamento de Grande-Marlaska a través de una carta dirigida a Lorenzo Martínez, director del gabinete. En ella, esta persona documentaba un hostigamiento sistemático por parte de agentes en zonas frecuentadas por personas LGTBIQ+. La misiva describía registros "invasivos y sin justificación", y el uso de "insultos homófobo por parte de la Policía".

Pocos días más tarde, el ministerio le respondió remitiéndole a estas prácticas "ante las autoridades competentes y en la forma y lugares previstos por las leyes procesales". Público también preguntó a Interior por esta situación y el equipo volvió a insistir en la necesidad de que cada agraviado presente una denuncia por los cauces "correspondientes" para que se proceda a la investigación "pertinente" y se llegue a las conclusiones que "toquen". No hubo tampoco entonces mención a la responsabilidad política. 

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